Inteligencia causal del Estado - dejar de administrar los efectos

Cuando el Estado llega tarde y llega armado

Imaginemos a una niña brasileña.

Durante el embarazo, su madre enfrentó inseguridad alimentaria, trabajo precario y dificultades para acceder al control prenatal. La niña nació en un territorio marcado por viviendas inadecuadas, educación inestable, pocas áreas verdes y violencia cotidiana.

El Estado apareció algunas veces, pero de manera fragmentada: una consulta médica, una canasta de alimentos, una matrícula escolar, un abordaje policial.

Años después, cuando ocurrió un delito, el Estado finalmente llegó con toda su fuerza.

Llegó con patrullero, proceso penal y prisión.

Para muchos Cuerpos-Territorios negros y pobres, la cara más organizada del poder público aparece solamente después de que el hambre, la exclusión escolar, el sufrimiento psíquico y la violencia ya produjeron sus efectos. El sistema penitenciario brasileño continúa profundamente racializado: documentos recientes del Consejo Nacional de Justicia indican que aproximadamente el 70% de la población encarcelada es negra.

Un Estado causalmente inteligente debe llegar antes que la celda: durante la gestación, mediante alimentación, educación, vivienda, cuidado y posibilidades reales de futuro.

El secuestro de la atención protege las causas

Mientras la población lucha por sobrevivir, una industria compite por su atención.

Steve Bannon popularizó la estrategia de “inundar la zona”: lanzar tantas afirmaciones, escándalos, distorsiones y versiones contradictorias que la sociedad pierde la capacidad de distinguir lo esencial del ruido.

Este mecanismo no busca solamente convencer a las personas de una mentira específica. También produce desorientación, agotamiento y desconfianza en toda fuente compartida de información.

La población pasa el día discutiendo una frase recortada, un audio manipulado, una polémica artificial o un enemigo fabricado.

Mientras tanto, desaparecen las preguntas estructurales:

¿Quién recibe los intereses pagados por el Estado?
¿Quién controla el presupuesto público?
¿Quién obtiene ganancias de las apuestas en línea?
¿Quién financia a los influenciadores?
¿Quién posee las plataformas?
¿Quién transforma el miedo en votos?

La desinformación puede impedir que las personas identifiquen las causas reales de su sufrimiento.

El secuestro de la atención administra la indignación popular para que nunca alcance las estructuras que monetizan la desigualdad.

Más de un billón de reales en intereses también es una cuestión fiscal

En los doce meses terminados en mayo de 2026, los intereses nominales del sector público consolidado brasileño alcanzaron aproximadamente 1,11 billones de reales, cerca del 8,5% del PIB.

Esta cifra no representa una transferencia directa y única hacia un pequeño grupo de personas. La deuda pública está en manos de instituciones financieras, fondos de inversión, entidades previsionales, aseguradoras, inversionistas extranjeros, organismos públicos y otras estructuras.

Sin embargo, detrás de esas instituciones existen beneficiarios finales: personas físicas y empresas cuya identidad y grado de concentración no siempre aparecen con claridad en los datos agregados.

Por eso, sería científicamente incorrecto afirmar, sin rastreo patrimonial completo, que todo ese monto llega directamente al 0,01% más rico.

Pero también sería ingenuo ignorar la extrema concentración brasileña de ingresos, patrimonio y activos financieros.

La Inteligencia Causal del Estado preguntaría:

¿Quiénes son los CPF beneficiarios finales ocultos detrás de miles de CNPJ, fondos, holdings y estructuras financieras que reciben rendimientos pagados por el Estado?

La responsabilidad fiscal no puede significar reducir educación, salud, protección social e inversión pública mientras los efectos distributivos del pago de intereses permanecen fuera de la comprensión popular.

Los intereses también son gasto público.

La pregunta es por qué una forma de gasto es presentada como obligación técnica inevitable, mientras otra es descrita como generosidad irresponsable.

Presupuesto opaco e industria de apuestas altamente visible

El mecanismo conocido como “presupuesto secreto” fue cuestionado por ocultar la autoría política del gasto público, reducir la trazabilidad y permitir que miles de millones de reales fueran distribuidos mediante negociaciones opacas.

Incluso después de que decisiones judiciales declararan inconstitucionales partes del sistema, continuaron los problemas de transparencia relacionados con las enmiendas parlamentarias.

No se trata solamente de corrupción en el sentido simple de una maleta de dinero escondida.

Existe algo estructuralmente más peligroso: la posibilidad de utilizar procedimientos legales para distribuir recursos públicos sin que la responsabilidad política quede plenamente visible.

La industria de las apuestas ofrece otra ventana.

Las plataformas de juego en línea entraron en los hogares brasileños mediante el deporte, los influenciadores, los clubes de fútbol, la publicidad y la promesa de dinero fácil. Familias ya afectadas por el endeudamiento y la inseguridad fueron transformadas en mercado para el riesgo permanente.

Una comisión parlamentaria del Senado sobre las apuestas terminó en 2025 sin aprobar su informe final. Esto, por sí solo, no demuestra que los parlamentarios hayan sido comprados por el sector. Pero revela la dificultad de regular un mercado económicamente poderoso, incluso ante evidencias crecientes de endeudamiento, comportamiento compulsivo y daños sociales.

La misma demora aparece en la regulación de las plataformas digitales.

Mientras el Congreso posterga normas amplias, las empresas de redes sociales continúan organizando la atención, la publicidad, la comunicación política y el acceso al debate público mediante sistemas que la ciudadanía no puede inspeccionar.

Estos procesos forman un ciclo causal:

el dinero compra alcance e influencia;
el alcance captura la atención;
la atención produce votos y permisos;
los permisos protegen las ganancias;
las ganancias compran todavía más alcance.

La rentabilidad de corto plazo no es solamente un resultado económico.

Se convierte en causa organizadora de la desigualdad cuando puede comprar legislación, silencio, visibilidad, demora y acceso al Estado.

El Estado debe acompañar todo el Cuerpo-Territorio

La Organización Mundial de la Salud destaca que las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como su acceso al dinero, al poder y a los recursos, influyen profundamente en su salud y esperanza de vida.

Esto exige un Estado que acompañe a la persona desde la gestación hasta la muerte.

No para controlar su conciencia, sino para garantizar:

alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad económica, protección ambiental, cultura, participación pública y libertad para discrepar.

Sin embargo, para muchas personas negras y pobres, el Estado no llega como continuidad.

Llega como interrupción.

Está ausente durante la gestación, es inestable durante la infancia, burocrático durante la enfermedad y plenamente presente durante el castigo.

Un Estado que desaparece mientras se producen las causas y reaparece solamente para encarcelar sus efectos no es neutral. Participa de la cadena causal.

La educación modifica trayectorias

La educación no es una vacuna automática contra el delito. La escolarización no elimina el racismo, la exclusión económica ni la selectividad del sistema de justicia penal.

Sin embargo, constituye un importante factor de protección.

Una investigación que acompañó una cohorte brasileña desde el nacimiento encontró que los jóvenes que concluyeron la escuela en la edad esperada presentaron menor probabilidad de informar delitos violentos y no violentos a los 22 años. La repetición escolar sucesiva estuvo asociada a un riesgo mayor.

Esto no demuestra que el rendimiento escolar sea la única causa del comportamiento delictivo.

Muestra que las trayectorias educativas participan en los caminos que acercan o alejan a un Cuerpo-Ciudadano del sistema penitenciario.

Una persona con buena educación también puede cometer delitos.

Pero un Cuerpo-Ciudadano con alimentación, protección, aprendizaje, pertenencia y perspectivas reales posee menos probabilidades de ingresar en trayectorias organizadas por la desesperación, los mercados ilegales o la violencia.

Sostener la vida antes del encarcelamiento resulta menos costoso, humana, social y económicamente, que castigar posteriormente el abandono.

La pregunta causal no es:

“¿Por qué fracasó este individuo?”

Es:

“¿Qué condiciones aumentan repetidamente la probabilidad de que miles de personas de los mismos territorios lleguen al mismo resultado?”

Drex Ciudadano: distribuir el rendimiento del Estado

El proyecto Drex oficial, actualmente desarrollado por el Banco Central de Brasil, no cumple esta función. Continúa siendo una infraestructura digital para activos tokenizados y transacciones programables, mediada por instituciones financieras autorizadas.

El Drex Ciudadano es una hipótesis diferente de BrainLatam.

Propone que una parte del dinero público digital pueda originarse directamente en el CPF de cada ciudadano como Rendimiento del Estado o Derecho Económico de Existencia, en lugar de llegar a la población solamente mediante deuda, beneficios condicionados, crédito privado o propiedad de activos financieros.

No sería caridad.

Reconocería que cada Cuerpo-Territorio participa en la existencia del Estado, de la economía, de los biomas y de la riqueza colectiva.

La propuesta todavía requiere un diseño económico riguroso.

Economistas y especialistas financieros tendrían que determinar:

cuánto dinero podría emitirse sin provocar inflación;
cómo se relacionaría la emisión con la capacidad productiva;
cómo se protegería la privacidad;
cómo se impediría la vigilancia política;
cómo conviviría el sistema con el crédito bancario;
cómo se evitarían el fraude y la concentración.

Pero la inversión causal es poderosa:

Actualmente, el Estado remunera con fuerza a quienes ya poseen activos financieros. El Drex Ciudadano pregunta si el Estado también puede remunerar la existencia, la educación, el cuidado y la pertenencia territorial.

El objetivo no es retirar los ingresos de toda persona ahorradora ni de los fondos previsionales.

Es cuestionar un sistema en el que el acceso a los rendimientos financieros generados por el Estado depende principalmente de poseer previamente capital.

Del Estado punitivo al Estado del desarrollo

Un Estado causalmente inteligente no esperaría que una persona joven se transforme en estadística policial para ofrecerle toda su capacidad institucional.

Construiría un compromiso público longitudinal:

durante la gestación, alimentación y atención prenatal;
durante la infancia, protección, juego, salud y educación de calidad;
durante la adolescencia, pertenencia, cultura, posibilidades de ingresos y participación;
durante la vida adulta, trabajo, cuidado, vivienda y autonomía económica;
durante la vejez, dignidad, memoria, salud y comunidad.

El mismo Estado capaz de identificar a una persona para cobrar impuestos y deudas, vigilarla, procesarla y encarcelarla también debe ser capaz de reconocerla como un Cuerpo-Ciudadano continuo.

El Drex Ciudadano podría convertirse en uno de los elementos de esa continuidad: una relación material cotidiana entre ciudadanía y Estado.

Pero una moneda digital, por sí sola, no producirá pertenencia.

Debe estar conectada con educación, salud, alimentación, vivienda, regeneración ecológica y participación democrática.

El dinero debe acompañar la capacidad material de sostener la vida.

De lo contrario, solamente digitalizará el abandono.

Un presupuesto público causal

La investigación arqueológica mesoamericana muestra que las sociedades complejas organizaron autoridad y recursos mediante diferentes combinaciones de élites, consejos, acción colectiva, tributación e infraestructura pública.

No existió un único modelo político precolombino ni un pasado sin jerarquías y conflictos.

Sin embargo, la arqueología demuestra que los resultados sociales no surgen exclusivamente del carácter individual. También son formados por instituciones que concentran o distribuyen recursos, autoridad y participación.

Ailton Krenak nos recuerda que el futuro no puede continuar siendo una promesa ofrecida mientras el presente es destruido.

La Inteligencia Causal del Estado debe preguntar, antes de aprobar cada presupuesto público:

¿Cuánto gastaremos administrando el efecto?

¿Cuánto costaría interrumpir la causa?

¿Quién obtiene ganancias si el problema continúa?

¿Quién recibe el rendimiento del Estado?

¿Dónde llegará primero el poder público: a la gestación o a la prisión?

Podemos formular la tesis central:

Un Estado que distribuye intereses en la cima, opacidad mediante el presupuesto, publicidad de apuestas en todas las pantallas y desinformación por las plataformas digitales, pero entrega policía y prisión a los territorios pobres, no está simplemente respondiendo a la desigualdad. Está ayudando a producirla.

La responsabilidad causal comienza cuando el Estado acompaña a cada Cuerpo-Ciudadano desde la gestación, garantiza condiciones materiales para su desarrollo y permite que la riqueza pública retorne directamente a la población.

¿Cuántas prisiones, enfermedades y violencias nunca existirían si el Estado invirtiera en el Cuerpo-Territorio antes de que se transformara en una estadística criminal?

Referencias comentadas

Banco Central de Brasil (2026). Estadísticas fiscales.
Registra más de 1,1 billones de reales en intereses nominales del sector público durante los doce meses terminados en mayo de 2026.

Organización Mundial de la Salud (2025). World Report on Social Determinants of Health Equity.
Demuestra que la salud y la longevidad dependen de las condiciones de vida y de la distribución desigual del dinero, el poder y los recursos.

Martins, R. C. et al. (2022). School Performance and Young Adult Crime in a Brazilian Birth Cohort.
Identifica que concluir la escuela en la edad esperada se asocia con menor participación en delitos violentos y no violentos, mientras la repetición sucesiva marca un riesgo mayor.

Hernández, L.; Chávez, A.; Rodríguez-Puello, G. (2024). Does Education Reduce Criminal Activities?
Encuentra una asociación entre mayor capital educativo y menor actividad delictiva en municipios chilenos.

Supremo Tribunal Federal de Brasil — decisiones relativas al “presupuesto secreto” y a las enmiendas parlamentarias.
Documenta problemas constitucionales y de transparencia relacionados con autoría oculta, trazabilidad y distribución de recursos públicos.

BrainLatam (2026). Drex Ciudadano: el dinero como metabolismo del territorio.
Presenta el Rendimiento del Estado como hipótesis de dinero público digital originado en la ciudadanía, en lugar de nacer como deuda individual.